Las redes sociales en República Dominicana han dejado de ser simples canales de interacción para convertirse, en muchos casos, en instrumentos de difamación, chantaje y extorsión. En las últimas semanas, una creciente preocupación nacional ha surgido por el uso irresponsable de estas plataformas, que afecta tanto a figuras públicas como a ciudadanos privados.
Uno de los casos más sonados es el del arresto de Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, quien fue detenido al llegar a Puerto Plata a bordo de un crucero, creyendo que eludiría las órdenes judiciales emitidas en su contra por múltiples acusaciones de difamación, extorsión y estafa. Martínez se presentaba como investigador vinculado a agencias internacionales, pero la DEA desmintió cualquier relación con él, abriendo la posibilidad de enfrentar cargos en Estados Unidos por hacerse pasar por agente federal.
La ministra Faride Raful presentó una querella en su contra, solicitando una indemnización de 50 millones de pesos por difamación digital. También incluyó en la demanda a Ingrid Jorge, alegando que ambos utilizaron canales de YouTube para difundir afirmaciones calumniosas.
Otros casos han cobrado notoriedad, como el del periodista Juan Aníbal Arrendel, quien difundió en redes sociales una lista falsa de periodistas supuestamente pagados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Entre los señalados estaban Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, todos reconocidos por sus posturas críticas frente a anteriores gobiernos. Aunque Arrendel luego admitió que la información era falsa, el daño a la reputación de los comunicadores ya había sido causado, y actualmente enfrenta una demanda por difamación e injuria junto a quienes replicaron la falsa acusación.
El diputado Sergio Moya (Gory) también acudió a la justicia tras ser víctima de imputaciones falsas en redes sociales. Presentó una querella contra Claudina Pérez, conocida como “La Tora”, quien fue arrestada tras ser declarada en rebeldía por no presentarse ante el tribunal.
El fenómeno también ha afectado al sector privado. El empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte y el periodista Vargavila Riverón presentaron demandas contra Ángel Martínez por acusaciones calumniosas que afectaron su reputación, exigiendo compensaciones millonarias por los daños morales sufridos.
Otra figura bajo investigación es Aquiles Jiménez, quien enfrenta múltiples demandas por difamación, así como procesos judiciales por lavado de activos, sabotaje al sistema de semáforos del Gran Santo Domingo y corrupción administrativa. Jiménez ya había sido condenado en 2022 por difamar al ministro Carlos Bonilla, titular del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).
A pesar de que la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología penaliza la difamación e injuria electrónicas con prisión y multas considerables, la aplicación efectiva enfrenta desafíos, especialmente en la identificación de los autores y la jurisdicción sobre contenidos difundidos desde el extranjero. No obstante, en muchos de estos casos recientes, los acusados han utilizado sus cuentas personales y plataformas digitales de forma pública, facilitando su sometimiento judicial.
Los casos actuales reflejan una creciente urgencia por fortalecer la protección jurídica ante el mal uso de las redes sociales y garantizar que la libertad de expresión no se utilice como escudo para cometer delitos contra la honra, la integridad y la imagen de las personas.
FUENTE: EL DIA
